Certificar para incluir: el reto real de la NOM 039

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En México, hablar de inclusión no basta: debemos construirla con acciones medibles y permanentes. La "nueva" Norma Oficial Mexicana NOM-039-SSA3-2023 sobre la certificación de discapacidad es un paso en esa dirección. Establece los criterios técnicos para que las personas con discapacidad puedan acceder a un documento oficial que reconozca su condición y les permita ejercer plenamente sus derechos.

Sin embargo, como muchas políticas bien intencionadas, su éxito dependerá de la capacidad del sistema para operarla con justicia, equidad y realismo.

A la fecha, según datos de la Dirección General de Información en Salud (DGIS), únicamente existen 206 unidades certificadas (CEVADECE) en todo el país para emitir estos certificados, concentradas mayoritariamente en la Ciudad de México, Sonora y el Estado de México. Jalisco, por ejemplo, apenas cuenta con cuatro unidades operativas.

Contrastemos eso con la dimensión del reto: de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, en México viven 6.2 millones de personas con discapacidad reconocida, pero si se consideran también las limitaciones en actividades cotidianas y condiciones mentales, el total se eleva a 20.8 millones, es decir, 16.5 % de la población nacional (INEGI, 2020).

En Jalisco, el Instituto de Información Estadística y Geográfica reporta 1.26 millones de personas en esta condición, lo que representa el 15.2 % de su población total (IIEG, 2021).

Con una vigencia que va de uno a cinco años por certificado, el sistema debería ser capaz de emitir alrededor de cuatro millones de certificados anuales para garantizar cobertura universal y renovación oportuna. Eso implicaría que cada CEVADECE actual tendría que atender a más de 20,000 personas por año, es decir, más de 80 personas por día hábil. Un ritmo humanamente imposible bajo las condiciones actuales de operación.

Una solución viable implicaría redimensionar el modelo de atención. Si cada unidad tuviera capacidad para emitir 2,500 certificados anuales —tomando en cuenta factores como personal médico certificado, tiempos de evaluación, adecuación de instalaciones, registros y carga administrativa—, México requeriría aproximadamente 8,320 unidades para cumplir la meta en cinco años. Jalisco, por su parte, necesitaría al menos 506 centros de certificación. No se trata solo de sumar sedes, sino de distribuirlas con criterios de accesibilidad geográfica y justicia social. Es decir, llevarlas más allá de las capitales estatales y principales cabeceras municipales.

La NOM 039 representa un instrumento normativo valioso, porque plantea un marco común para una realidad hasta ahora fragmentada. Ayuda a homologar procesos, proteger a las personas frente a la discrecionalidad institucional y facilitar el acceso a derechos. Pero también visibiliza una paradoja de nuestra política pública: el diseño técnico muchas veces rebasa la capacidad instalada.

La buena voluntad normativa debe ir acompañada de presupuesto, planeación operativa, capacitación del personal y evaluación continua.

El reto no es menor. De lo contrario, la promesa de inclusión puede convertirse en una nueva forma de exclusión, al requerir certificados que no se pueden obtener de manera razonable.

Una visión constructiva sobre la NOM 039 no implica señalar sus limitaciones como fracasos, sino verlas como una oportunidad para robustecer el sistema. Establecer metas progresivas de cobertura, asignar fondos específicos en los presupuestos estatales y federales, formar redes de profesionales en evaluación de discapacidad y garantizar interoperabilidad digital entre instituciones son algunos caminos posibles.

En un país donde casi una de cada seis personas vive con alguna forma de discapacidad, la certificación no es un trámite: es el reconocimiento institucional de su derecho a ser vistas, escuchadas y respetadas. La norma ya existe. Ahora toca construir el andamiaje para que sea verdaderamente funcional, porque si regularmente se nos invita desde el discurso oficial a “redoblar esfuerzos”, en este caso la realidad nos exige algo más: cuadrigeplicarlos.

Referencias

INEGI. (2020). Censo de Población y Vivienda 2020. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/

IIEG. (2021). Día Internacional de las Personas con Discapacidad 2021. Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco. https://iieg.gob.mx/ns/wp-content/uploads/2021/12/DíaPobDiscapacidad2021.pdf

Secretaría de Salud. (2023). NOM-039-SSA3-2023 para la certificación de discapacidad. Dirección General de Información en Salud. https://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/discapacidad/certificacion-nom-039-ssa-2023.html