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Cuando el acceso no es igual: una mirada crítica y empática al dilema de dónde atenderse

  • Foto del escritor: Julio Alberto Martinez Cisneros
    Julio Alberto Martinez Cisneros
  • 9 may
  • 4 Min. de lectura


Imagen generada con inteligencia artifical
Imagen generada con inteligencia artifical

En las últimas dos décadas, México ha sido testigo de una transformación silenciosa pero profunda en las rutas de acceso a la atención médica. Mientras el sistema público de salud enfrenta retos persistentes, los consultorios adyacentes a farmacias (CAF) han proliferado en todo el país, consolidándose como una alternativa cotidiana para millones de personas. Hoy existen más de 18,000 consultorios de este tipo, ofreciendo alrededor de 10 millones de consultas mensuales (1,5). Esta tendencia no solo refleja una respuesta del mercado a la demanda insatisfecha, sino que también ha alterado los patrones de búsqueda de atención médica, especialmente en el primer nivel de atención.


Una reciente investigación de Bautista-Arredondo y colaboradores (2024) analizó datos de la ENSANUT entre 2006 y 2023, revelando que entre 2012 y 2018 —justo cuando más creció la oferta de CAF— el porcentaje de personas que buscó atención médica pasó de 64% a 88%, y quienes accedieron efectivamente al servicio aumentaron de 62% a 87% (6). Este aumento no fue impulsado por el sistema público, sino por la expansión del sector privado, en especial los CAF, cuya densidad por cada 100,000 habitantes pasó de 1 a 8 consultorios en ese periodo. La desaparición del Seguro Popular en 2019 no provocó un descenso en la búsqueda de atención, como algunos temían; por el contrario, la demanda se mantuvo, y el sector privado cubrió parte de ese vacío.


Durante una experiencia recietne en un CAF, pude observar en campo lo que los datos confirman: tiempos de espera reducidos, atención puntual y enfocada, trato amable por parte del médico, y la posibilidad de adquirir los medicamentos en el mismo establecimiento, lo que genera una experiencia percibida como eficiente y digna. Estos atributos se ven reforzados por la "disponibilidad efectiva", un concepto que alude a la facilidad con la que las personas acceden a atención médica, y que ha sido identificado como una de las principales razones por las cuales muchos pacientes prefieren acudir a los CAF en lugar de a sus unidades de derechohabiencia (6).


No obstante, este modelo tiene limitaciones importantes. A pesar de que los CAF están obligados a reportar enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica, la subnotificación sigue siendo una realidad persistente. El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) no recibe un flujo constante y confiable de información proveniente de estos espacios, lo cual debilita la respuesta ante brotes y dificulta la construcción de políticas basadas en evidencia (4).


Además, estudios han documentado que muchos CAF operan con condiciones laborales deficientes y sin supervisión clínica adecuada, lo que puede derivar en prescripciones innecesarias o inadecuadas (6). Aunque es cierto que ofrecen una puerta de entrada accesible, también es importante recordar que su rol en la prevención, seguimiento de enfermedades crónicas o vacunación es limitado, a diferencia de los servicios públicos que sí incluyen estos componentes estructurales.


Por otro lado, las unidades de salud públicas enfrentan desafíos históricos: escasez de personal, infraestructura inadecuada, desabasto de medicamentos y procesos burocráticos que alargan los tiempos de espera. A pesar de ello, son el único espacio donde se ofertan servicios gratuitos e integrales para amplias capas de la población. Según los mismos datos de la ENSANUT, en 2023 solo el 46% de quienes buscaron atención médica la recibieron en una unidad pública (6). Esto refleja tanto una baja percepción de calidad como una desconexión entre el diseño institucional y las realidades territoriales de los pacientes.


La elección entre una opción y otra no debe entenderse como una falla del usuario, sino como una respuesta racional ante un sistema fragmentado. Mientras en los CAF la persona paga y es atendida en minutos, en el sistema público muchas veces debe hacer fila, esperar una cita semanas después, y enfrentarse a la posibilidad de que no haya medicamentos disponibles. La ciudadanía vota con los pies, y actualmente lo hace en dirección al sector privado, particularmente al modelo de consulta exprés en farmacia.


Frente a este panorama, las recomendaciones son claras: el sistema público debe no solo invertir en infraestructura, sino también trabajar en mejorar la percepción de calidad, ampliar horarios de atención, garantizar insumos esenciales, e incluso colaborar con el sector privado mediante esquemas regulados que garanticen estándares de calidad uniformes con un competidos que concentra aproximadamente a la mitad de la población con una necesidad de salud en México (6), y en un ecosistema donde alrededor del 95% de las interacciones del paciente con el sistema de salud ocurren en el primer nivel de atención (6), es ahí donde se gana o se pierde la confianza del usuario, y es ahí donde debe centrarse la optimización.


A la luz de estos elementos, es fundamental adoptar una visión equilibrada que reconozca tanto las fortalezas como las debilidades de cada opción. No se trata de oponer un modelo a otro, sino de comprender las razones estructurales, institucionales y culturales que hacen que los usuarios prefieran una alternativa sobre otra. Una política pública verdaderamente efectiva debería aspirar a tender puentes entre ambos modelos: mejorar la calidad y la calidez de los servicios públicos, fortalecer la integración de los CAF en los sistemas de información en salud, y garantizar que, sin importar dónde se atienda un ciudadano, su derecho a una atención médica continua, segura y basada en evidencia esté plenamente garantizado.


Referencias


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