Cuando el Estado se sustituye a sí mismo: vacíos institucionales y su costo público

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En una entrega previa reflexionamos sobre cómo la iniciativa privada ocupa los vacíos que el Estado deja al no garantizar derechos y servicios. Pero existe un fenómeno igual de preocupante que merece ser señalado: los vacíos dentro del propio aparato público. Con demasiada frecuencia, el Estado se ve forzado a sustituirse a sí mismo; es decir, una instancia gubernamental cubre lo que otra no hace. Esto ocurre a distintos niveles y revela una profunda desarticulación institucional que impacta de forma directa en la calidad, la equidad y la oportunidad de los servicios públicos.

Uno de los vacíos más notables es el que se da cuando los estados deben intervenir ante la ausencia de la federación.

Programas federales en materia de salud, educación o seguridad suelen quedarse cortos en su implementación o seguimiento. Entonces, los gobiernos estatales invierten recursos propios para sostener funciones que no les corresponden directamente. Esto genera fragmentación y desigualdad regional, pues el acceso a derechos básicos termina dependiendo de la voluntad política y las capacidades financieras locales. Los datos recientes ilustran la magnitud del problema: en el primer trimestre de 2025, el gasto federal en salud dirigido a población sin seguridad social fue operativo solo en un 76.4 %, lo que implicó que 17.2 mil millones de pesos, es decir, el 23.6 % del presupuesto aprobado, quedara sin ejercer. Aunque en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 se asignó el mayor monto histórico en salud (962 mil millones de pesos, un incremento de 5.8 % respecto al año anterior), el 76 % de esos recursos se concentraron en instituciones de seguridad social, dejando desprotegida a la población abierta. Esto explica por qué los estados deben asumir funciones como campañas de vacunación, control de vectores como el dengue o la creación de infraestructura para atención materno-infantil, responsabilidades que formalmente deberían ser cubiertas por la federación.

Otro vacío surge cuando los municipios cubren lo que el estado abandona. En muchas ciudades y sus periferias, los ayuntamientos desarrollan redes de servicios médicos, brigadas de protección civil o programas de atención psicosocial porque el aparato estatal no responde. Servicios Médicos Municipales, hospitales locales, unidades de urgencias o refugios para víctimas de violencia se sostienen por esfuerzos municipales que buscan mitigar carencias más amplias. Este fenómeno, que a veces se presenta como ejemplo de autonomía y eficiencia, en realidad refleja un abandono estructural por parte del nivel estatal. En 2024, los 32 estados recortaron más de 8 mil millones de pesos en gasto estatal en salud, con lo cual la llave del prespuesto hacia los ayuntamientos también puede llegar a disminuir. En ese contexto, los municipios han fortalecido sus propios servicios mediante dispensarios, brigadas y centros de atención psicosocial, muchos de ellos sostenidos con fondos federales complementarios. Sin embargo, la dependencia de los ayuntamientos a estas transferencias —sin un robustecimiento real de sus ingresos propios— limita su capacidad para responder sostenidamente y genera escenarios de alta vulnerabilidad en los territorios.

Finalmente, dentro de un mismo nivel de gobierno, las propias instancias homólogas terminan cubriéndose entre sí, lo que genera tensiones, distorsiona el diseño institucional y desdibuja los límites de responsabilidad. En el ámbito federal, por ejemplo, el presupuesto para la Secretaría de Salud cayó 55.8 % en términos reales en 2024, mientras que el IMSS-Bienestar absorbió esos recursos como parte de una transición administrativa tras la desaparición del INSABI. Esta reasignación de recursos no se ha traducido en mejoras claras en la cobertura, y el deterioro de la cobertura universal es evidente: entre 2018 y 2022, la población sin acceso a servicios de salud creció de 16.2 % a 39.1 %, lo que equivale a más de 50 millones de personas en situación de desprotección. Esto muestra cómo las instancias del mismo nivel redistribuyen recursos entre sí, en lugar de consolidar las capacidades reales para garantizar el acceso efectivo a los derechos.

Que el dinero se quede en el sector es bueno, pero que no se distribuya conforme la cantidad de usuarios y la calidad de los servicios, no lo es tanto.

Mención especial merecen los profesionales de la salud que sin encargos o retribuciones oficiales asumen responsabilidades que atienden a vacíos gerenciales y de rectoría, es gracias a su esfuerzo extra que muchos temas son impulsados día a día en el quehacer institucional. El impacto de estos vacíos institucionales se refleja directamente en la vida de las personas. Este *horror vacui* institucional, en el que el Estado se sustituye a sí mismo en lugar de reforzarse, genera altos costos económicos, políticos y sociales. No se trata solo de quién llena el vacío, sino de cómo evitar que los vacíos existan. El verdadero desafío está en fortalecer las capacidades reales de cada nivel de gobierno, en mejorar los mecanismos de coordinación y en construir un Estado que no dependa de sustituciones forzadas para cumplir con su mandato de garantizar los derechos de todas y todos.

Referencias.

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