Donde el Estado no llega, otros llegan

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En México, donde el Estado no llega, otros llegan. El crecimiento acelerado de sectores privados en funciones que históricamente han sido públicas no es un fenómeno aislado, sino una consecuencia estructural de vacíos institucionales que se han ido profundizando. La seguridad, la salud y, más recientemente, la justicia muestran patrones similares: mientras el Estado retrocede o se mantiene débil, el mercado avanza.

Un ejemplo claro es el número de empresas de seguridad privada. En el país operan más de 5,000 registradas a nivel federal, sin contar las que funcionan sin registro oficial.

En algunas zonas urbanas, el número de guardias privados supera al de policías públicos, generando una suerte de privatización silenciosa de la seguridad ciudadana.

Este crecimiento no responde únicamente a un mercado saludable, sino a una percepción generalizada de que las instituciones públicas no son suficientes para proteger a la población (Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 2024).

Un segundo ejemplo comienza a consolidarse en el ámbito de la justicia. Tras la Reforma Judicial de 2024, que modificó la estructura y capacidad operativa del Poder Judicial Federal, múltiples actores han advertido un aumento de mecanismos alternativos de solución de conflictos en manos de despachos privados y centros particulares de mediación y arbitraje. Aunque no existen aún estadísticas nacionales consolidadas, es un hecho que en entidades como Jalisco y Ciudad de México se ha registrado un crecimiento sostenido de centros privados de mediación civil, mercantil y familiar inscritos en los registros estatales. Este fenómeno se explica por la sobrecarga de los tribunales, la lentitud de los procesos públicos y la escasa presencia territorial de instituciones como el Instituto Federal de Defensoría Pública (Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco, 2024; Poder Judicial de Nuevo León, 2024).

El sector salud ha seguido un camino similar. México cuenta con más de 30,000 establecimientos privados de salud registrados ante la Secretaría de Salud federal y estatal, además de miles de consultorios adyacentes a farmacias. En zonas metropolitanas como Guadalajara, es común encontrar más consultorios privados que unidades públicas de primer nivel de atención. Esta expansión responde a la falta de cobertura efectiva, a la saturación de servicios públicos y a la percepción de que el sector privado ofrece una atención más rápida y eficiente. El resultado es un sistema dual, en el que la posibilidad de recibir atención depende, en gran medida, de la capacidad de pago (Secretaría de Salud, 2024; INEGI, 2024).

Lo que une a estos tres casos es una lógica común:

cuando el Estado no garantiza de manera efectiva derechos fundamentales —seguridad, salud y justicia—, el mercado encuentra terreno fértil para ofrecer soluciones privadas.

No se trata de un proceso planeado de modernización, sino de una privatización silenciosa que profundiza las brechas sociales. Quien tiene recursos accede a mejores servicios; quien no, queda atrapado en instituciones públicas saturadas, frágiles y desiguales.

La expansión del sector privado no es, por sí sola, negativa. Muchos de estos actores complementan servicios y atienden necesidades reales. El problema surge cuando su crecimiento se da en un contexto de abandono o debilitamiento del sector público. Esto reduce la rectoría del Estado, fragmenta el acceso a derechos y amplifica desigualdades preexistentes.

La evidencia muestra que cuando el Estado abdica de funciones esenciales, no desaparecen las necesidades: simplemente las asume quien puede lucrar con ellas.

Frente a este panorama, fortalecer las capacidades públicas no es una opción, sino una urgencia. Revertir la privatización silenciosa implica invertir en primer nivel de atención, robustecer cuerpos policiacos civiles y transparentes, consolidar mecanismos públicos de mediación accesibles, y garantizar que la cobertura de derechos no dependa de la capacidad de pago. De lo contrario, el mapa de México seguirá llenándose de consultorios privados, guardias de seguridad y despachos de mediación mientras el Estado se vuelve cada vez más pequeño y distante.

Referencias

• Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco. (2024). Centros públicos y privados de mediación y arbitraje. https://ija.gob.mx/CentrosPublicosyPrivados/

• Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2024). Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. https://www.inegi.org.mx/

• Poder Judicial de Nuevo León. (2024). Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. https://www.pjenl.gob.mx/

• Secretaría de Salud. (2024). Catálogo Nacional de Establecimientos de Salud. https://www.gob.mx/salud

• Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. (2024). Registro Nacional de Empresas de Seguridad Privada. https://www.gob.mx/sspc