Salud pública que no conecta, fracasa: por una función integradora que articule programas, personas y propósitos

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La salud pública debería ser la columna vertebral de un sistema sanitario orientado al bienestar colectivo, y no solo un conjunto de programas operativos dispersos. Sin embargo, en la práctica institucional de México y muchos otros países, esa columna se ha fragmentado en tareas específicas que rara vez dialogan entre sí: enfermería, vacunación, vigilancia epidemiológica, salud materno-infantil, salud adolescente, nutrición, salud ambiental o mental, operan como compartimentos independientes, incluso cuando abordan poblaciones, objetivos o determinantes comunes. Esta dispersión funcional responde a múltiples factores: financiamientos etiquetados, indicadores verticales, mandatos normativos separados y estructuras que priorizan la operación sobre la integración estratégica. ¿No se propicia con ello, desde el origen, una operación desarticulada?. Resulta entonces urgente proponer una función o posición institucional que explore e impulse los vínculos entre todos los programas y componentes del sistema de salud pública, desde una visión transversal y sistémica.

Existen antecedentes internacionales que demuestran que esta integración no solo es posible, sino deseable. Redes como el GOARN, coordinado por la OMS, han demostrado que es viable movilizar múltiples disciplinas —epidemiología, laboratorio, enfermería, logística— en respuesta articulada ante emergencias. Alianzas regionales como la del Mekong Basin Disease Surveillance, que integra ministerios de salud y atención primaria en Asia, o el enfoque “Health in All Policies” implementado en Finlandia, Australia y Canadá, también dan cuenta del valor de la colaboración interprogramática e intersectorial. Incluso organismos nacionales como los NITAG han institucionalizado la integración de saberes técnicos en la toma de decisiones sobre inmunización, logrando una cobertura técnica del 85 % de la población mundial hacia 2022 (Gessner et al., 2010). En todos estos ejemplos, el éxito radica en que existe una posición formal —unidad, comité o red— encargada de articular los componentes y traducir esa articulación en acción concreta.

En México, el diseño del Servicio Nacional de Salud Pública ofrece una oportunidad real para dar ese salto.

Con estructuras como el “líder de inteligencia e información”, el “enlace de análisis y estadística” o el “líder de logística”, se comienza a configurar una arquitectura pensada para fortalecer la rectoría local e impulsar decisiones basadas en evidencia. Sin embargo, la implementación sigue rezagada y fragmentada.

A pesar de contar con sistemas de información robustos como SINAIS o la Dirección General de Información en Salud, no hay una función institucional plenamente reconocida que se encargue de integrar datos, actores y programas en un análisis común. En teoría deben ser las cabezas de las diversas direcciones quienes integren, desde sus propias áreas a cargo, la información y decisiones en pro de la cobertura de las acciones institucional, sin embargo, ya sea por desconocimiento, falta de voluntad o exceso de carga de agenda, esta vinculación integral simplemente no sucede. Incluso en esfuerzos loables como el monitoreo de salud escolar, que abarca a más de 24 millones de niñas y niños, la coordinación entre salud, educación y seguridad social enfrenta obstáculos operativos y políticos (El País, 2024). Lo mismo ocurre con la recuperación de coberturas de vacunación tras los brotes de sarampión y tos ferina en 2025, donde se requiere una sinergia entre actores federales, estatales y municipales que va más allá del simple despliegue operativo.

La propuesta entonces no es crear una nueva burocracia, sino formalizar una función integradora que existe de forma dispersa, es decir, como ya se ha señalado antes en este espacio, que los esfuerzos individuales y colectivos de los diversos profesionales de la salud cuenten con un sustento oficial del apartado de gobierno, y no solo una admirable iniciativa y colaboración informal. Esto terminaría siendo pues, según la lectura de quien esto escribe, un acto de justicia institucional.

Una posición o instancia con capacidad técnica, legitimidad institucional y mandato claro para detectar redundancias, articular sinergias, analizar transversalmente, generar evidencia útil para la toma de decisiones y vincular actores en todos los niveles. En suma, una figura que haga lo que la salud pública debería hacer siempre: conectar. Porque si no conectamos nuestras propias capacidades internas, ¿cómo podríamos aspirar a transformar las condiciones externas que determinan la salud de nuestras comunidades?

Referencias

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